Competencias autonómicas: La burbuja política

En plena orgía recortadora del gobierno, a golpe de prima de riesgo, resonaron aún más de lo habitual las palabras de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, a cuenta de las competencias de las comunidades autónomas. Lo más curioso del debate es que, más allá de las columnas de opinión y algunos blogs, no ha habido debate. De hecho el presidente del gobierno declaró en el senado, antes de huir por el garaje, que ni se plantea un debate sobre el estado autonómico. Y esto es lo que me sorprende puesto que más allá de las opiniones a favor o en contra de las declaraciones de Aguirre se echa en falta un debate en profundidad. Parece que en España se puede debatir de cualquier cosa: educación, sanidad, terrorismo... pero las autonomías no me las toques, si es para devolver competencias al Estado, a ver si alguien va a salir lastimado. Todos hemos oído hablar una y mil veces de la burbuja financiera que originó la crisis; igualmente se ha debatido hasta la saciedad sobre la burbuja inmobiliaria que ha acrecentado dicha crisis en nuestro país; pero muy poco, por no decir nada, hemos oído hablar de la burbuja política que lleva camino de convertir una crisis que debería ser cíclica en estructural.

No voy a entrar en si la presidenta de Madrid es una oportunista al hacer unas declaraciones que sabe que no van a llegar a ninguna parte pero cuentan con el apoyo de la ciudadanía o si por el contrario es una gran estadista dispuesta a sacrificar su cuota de poder por el bien del país. Bueno, sí que voy a entrar, yo creo que es lo primero. Pero no por ello hay que dejar caer su idea en saco roto. Porque, como comentaba anteriormente, más allá de las peculiaridades propias de nuestra economía que están haciendo que esta crisis cale más hondo que en otros países creo que la salida se está retrasando, no se si perpetuando, por culpa de unas estructuras políticas caras, ineficaces e inmovilistas.

Y con esto no pretendo entrar, Dios me libre, en el debate identitario que, a mi modo de ver, tiene más de emoción que de razón. Ni siquiera voy a valorar si las autonomías son artificiales o cien por cien naturales. No me interesan estos debates, en mi opinión estériles, que solo llevan a un callejón sin salida. El debate que me interesa es de la igualdad, la distribución de la riqueza y la optimización de recursos. El de la igualdad porque materias tan sensibles y motores de la igualdad de oportunidades como pueden ser la educación y la sanidad no pueden gestionarse de diecisiete maneras distintas mientras algo tan terrenal como un kilómetro de tren de cercanías ser competencia del Estado. La distribución de la riqueza porque en mundo marcado por consignas de igualdad, tolerancia y solidaridad no podemos permitir que haya políticos que tachen de vagos a los ciudadanos de un parte, mal que les pese, de su propio país solo porque piensen que su dinero no debería repartirse con ellos como si los impuestos los pagasen los territorios y no los ciudadanos. Pero sobre todo el debate que me interesa en este momento es el de la gestión de los recursos. Y es un debate que debería estar alejado de toda clase de ideologías y sentimentalismos, un debate absolutamente práctico encaminado a maximizar resultados optimizando esfuerzos.

No hace falta ser un entendido en la materia para saber que no tiene sentido que entre administración central, autonómica y local haya 22.000 vehículos oficiales o que está fuera de toda lógica que haya 170 delegaciones autonómicas por todo el mundo, cual embajadas, con un coste anual de alrededor de 500 millones de euros. En España hay 26.000 empresas públicas autonómicas y municipales incluidas 118 cadenas de televisión, con el agujero que estas suponen para nuestras arcas.

Competencias que mejoren la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos sí, pero competencias que solo sirven para ser acumuladas y así engordar el ego de los gobiernos autonómicos no. No se trata de reproducir las estructuras y órganos del Estado central como si de 17 mini-estados se tratase si no de suplir las carencias de unos y otros y desde una óptica más cercana dar solución a los problemas específicos de cada región o ciudad. 

Según la Fundación Progreso y Democracia, vinculada al partido UPyD, las duplicidades de funciones y competencias suponen un sobrecoste, entre ayuntamientos y comunidades, de alrededor de 32.000 millones de euros. Según Esperanza Aguirre el ahorro tras la devolución de competencias al Estado podría ascender, aunque no explica como, a los 48.000 millones. Estas cifras son, por supuesto, como diría el anterior inquilino de la Moncloa, discutidas y discutibles. Pero al menos creo que se merecen eso, ser discutidas, a ser posible con luz y taquígrafos para que lleguen al mayor número de ciudadanos y entre todos tomemos la mejor decisión alejada de dogmatismos.