Los olvidados: El Salvador
"Encontrar a mi familia
ha sido hermoso, porque ellos forman parte de mi vida, completan mi historia, y
son muy importantes para mi futuro. Me faltaba algo. Hoy puedo decir que
encontré la parte de mi identidad que no tenía, una parte que completa mi persona y me permite entender con mayor precisión mi futuro, lo que a mí me toca hacer
de ahora en adelante". Carmen fue una de las niñas separadas de
su familia en 1981 y dadas posteriormente en adopción. Veinte años después tuvo
la ocasión de reunirse con su verdadera familia. Pero no todos han tenido la
misma suerte. Aún permanecen desaparecidas miles de personas, entre ellos
cientos de niños, en El Salvador. Desaparecidos pero no olvidados.
Entre los hechos más dolorosos
destaca, sin lugar a duda, la desaparición de cientos, quizá miles, de niños.
Durante el periodo más álgido del conflicto, entre 1980 y 1984, las fuerzas
armadas llevaron a cabo operaciones de ‘limpieza’ contra la población civil.
Durante estas acciones muchas familias fueron separadas o los padres
asesinados. Los niños supervivientes fueron secuestrados por los militares. A
algunos se los llevaron a orfanatos u otras instituciones o los mantuvieron en
instalaciones militares, mientras que otros fueron dados en adopción o acogidos
por los mismos militares o sus familias. Estos son los niños desaparecidos de
El Salvador cuyas familias los buscan desde entonces, más de treinta años
después.
El conflicto armado finalizó
oficialmente en enero de 1992 con la firma en México del último de una serie de
Acuerdos de Paz. El Acuerdo de San José, firmado en 1990, se centró en el
respeto a los derechos humanos, investigaciones de las violaciones de derechos
humanos y la identificación y castigo de los responsables. Otra parte
importante del proceso fue la creación de la Comisión de la Verdad para
investigar y hacer recomendaciones sobre las violaciones cometidas desde 1980.
A pesar de estas buenas
intenciones, solo un año después, en 1993, se promulgó una amnistía general que
impedía el procesamiento de los autores de estos crímenes contra los derechos
humanos, por lo que nadie ha comparecido ante la justicia. Las autoridades
salvadoreñas no han cumplido su deber de realizar investigaciones amplias,
imparciales e independientes y llevar a los responsables ante la
justicia.
Ante la falta de acción por parte
del gobierno casos como el de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, dos hermanas desaparecidas en 1982, fue remitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez el estado Salvadoreño debía rendir cuentas ante la más alta institución del sistema interamericano por un hecho de este tipo. No solo
han rehuido la responsabilidad de investigar y castigar las pasadas violaciones
de derechos humanos, ni siquiera han apoyado los esfuerzos de padres, madres,
familiares u ONG para encontrar a las niñas y niños desaparecidos, aun habiendo
pruebas de que muchos de ellos están vivos.
Pero no solo el pasado de El
Salvador es oscuro como la muerte. Su presente no es más halagüeño. Según la Declaración
de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo El Salvador es el país
más violento del mundo con más de 62 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Murieron más personas de forma violenta en El Salvador que en Irak, de forma
proporcional, entre 2004 y 2009, siendo este último un país prácticamente en
situación de guerra. Y es que, curiosamente, de las aproximadamente 526.000
personas que mueren de forma violenta cada año, sólo 55.000 de ellas pierden la
vida en conflictos o como consecuencia de actos terroristas. El incremento de
actividad de las pandillas, también denominadas maras, y el narcotráfico, ambos
fenómenos íntimamente relacionados, es el principal detonante de este aumento
de la violencia en los últimos años.
Recientemente ha salido a la
palestra un posible acuerdo entre el gobierno
y las maras con el objetivo de reducir los índices de criminalidad.
Por supuesto, ese acuerdo ha sido negado por lo actores implicados, pero hay un
hecho incontrovertible: El promedio de homicidios ha bajado de 14 a 6 diarios
desde que el gobierno trasladó a los principales líderes de las pandillas del
penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido coloquialmente como
Zacatraz. El descenso es del 59%, entre el promedio que se tenía hasta el 8 de
marzo, día de los traslados, y después de esa fecha, según el diario El Faro.
Otra de las lacras, como si no
tuvieran suficiente, que sufre El Salvador es el del trabajo infantil. Según la
ONU hay 188.343 menores entre los 5 y los 17 años de edad trabajando. La
mayoría de estos trabaja en la zafra (corta de caña), en la extracción de
curiles (conchas), en la elaboración de cohetes, recogiendo basura o como
empleados de servicios domésticos. De estos, el cuarenta por ciento no asisten
a la escuela. El fenómeno es aún más grave en las zonas rurales, donde la
pobreza es mayor y 6 de cada 10 menores trabajan. Cuando beban una coca-cola
recuerden que la empresa productora de esta y otras bebidas, The Coca-Cola
Company, está usando para su elaboración en la región centroamericana un ingrediente,
el azúcar, producto de la explotación infantil, ya que hasta un tercio de los
trabajadores de las plantaciones de azúcar de El Salvador son menores de 18
años. Además de los gobiernos las empresas privadas multinacionales tienen
mucho que decir en la erradicación
del trabajo infantil, puesto que de ellos depende contratar o no los
productos obtenidos de esta manera.
Es curioso como la mayoría de
países que estamos intentando rescatar del olvido cuentan en su pasado con
conflictos cerrados en falso. Demasiadas heridas sin cicatrizar que hacen
difícil, cuando no imposible, la sanación total. Es duro ver como los autores
de crímenes contra los derechos humanos permanecen impunes mientras
las familias de las víctimas desaparecidas no han encontrado, si quiera, el
descanso, duro, pero descanso al fin y al cabo, de la verdad.
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