miércoles, 30 de octubre de 2013

El Gran Hermano también vive en España

No, no se asusten, no he decidido cambiar la temática del blog y pasarme a la telebasura para aumentar la "audiencia". Me decanto, sin embargo, por la figura que pergeñó, allá por 1949, George Orwell en su novela 1984. La del dictador omnipresente y controlador en una sociedad sin libertades observada hasta el extremo. Sí, probablemente sea una exageración propia de una época donde las ideas totalitarias, de uno u otro signo político, se abrían paso en el corazón del siglo XX. Sin embargo, creo que a la mayoría de nosotros, o al menos a la mayoría relativamente leidos, se nos viene a la mente dicha distopía cada vez que nos asaltan noticias como las de las escuchas telefónicas, por parte de Estados Unidos, a diversos líderes europeos, como Angela Merkel, al menos desde el año 1999 administración Obama incluida. Por cierto, entre los drones, promesas incumplidas y espionaje vamos a acabar añorando a Bush... bueno, tal vez me he pasado, pero ya me entienden. El caso es que el espionaje, tan viejo como el mundo, no me sorprende lo más mínimo. Sí lo hace, sin embargo, el rosario de personajes escandalizados, llevándose la manos a la cabeza, que estamos viendo y oyendo en nuestros medios de comunicación estos días, culminando con la autorización, por parte de el Fiscal General del Estado a la fiscal de Sala encargada de la criminalidad informática, Elvira Tejada, a abrir unas diligencias de investigación sobre este asunto. Escándalo sí, pero no tanto, al fin y al cabo todos los países medianamente modernos cuentan con sistemas similares. Vamos, que el Gran Hermano también vive en España. Y no me refiero al de Mercedes Milá. Nuestros servicios de inteligencia cuentan con su propio juguete, llamado SITEL, desde hace casi una década.



Por supuesto, a mí me parece también una práctica moralmente reprobable, ilegal y que atenta contra nuestros derechos más básicos. Por otro lado, hemos de encuadrarlo en la lucha, ya clásica, entre las libertades y la seguridad. No deja de parecerme un ejercicio de hipocresía de alto nivel ver a nuestros jefes de Estado rasgarse las vestiduras. Todos nuestros países cuentan con servicios de espionaje cuya única razón de ser es... espiar. Y lógicamente no me van a espiar a mí, lo más normal es que espíen a quien ostenta el poder. Es más, cuando hace unos meses salían a la luz pública los programas de barrido en busca de información que realizan los americanos no vi a estos mismo líderes denunciando la situación. ¿Donde estaban entonces la reuniones, las declaraciones conjuntas y las invocaciones a nuestros derechos?


En España se producen, según algunas estimaciones, cerca de un millón anual de intervenciones de las telecomunicaciones legalmente autorizadas mediante SITEL. Un sistema que permite acceder a las comunicaciones de cualquier persona sin necesidad de pedir los datos a las teleoperadoras como sucedía antes de que el gobierno de Jose Máría Aznar encargará este sistema a la empresa danesa ETI A/S, por un precio de 9.825.975 euros. Según aseguran desde el Partido Popular nunca llegaron a hacer uso de esta herramienta dadas las dudas legales que planteaba. Fue ya durante la época de Zapatero cuando se puso en funcionamiento haciendo caso omiso de aquellos que dudaban de su legalidad.



Teóricamente todas las intervenciones de las comunicaciones deben estar previamente autorizadas por un juez, el cual, posteriormente decidirá que parte de la información recabada se usa y cual no. Las dudas surgen por varios motivos: 

Teniendo en cuenta el volumen de trabajo que llega a dependencias judiciales, ¿realmente ese millón de escuchas estarán autorizadas por un juez? En caso afirmativo, ¿serán estudiados los casos pormenorizadamente para asegurarse de que cumplen los requisitos necesarios?

Otra duda es de carácter jurídico. En Junio de 2006, la Fiscalía de Madrid elevó un informe al Fiscal General del Estado advirtiendo de que SITEL estaba siendo utilizado sin cobertura jurídica adecuada y que el Reglamento de 2005 no tenía rango suficiente para dar garantías constitucionales. Para hacerlo debería de ser regulado mediante Ley Orgánica. Este problema quedó parcialmente solventado al incluir el capítulo II del reglamento en la Ley 25/2007 de conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Aún así numerosos juristas dudan de que la cobertura legal sea suficiente y el mismo Tribunal Supremo, en respuesta a un recurso formulado por la Asociación de Internautas en febrero de 2008 dejaba la puerta abierta a recurrir al Tribunal Constitucional.

Pero no todo acaba ahí, según el procedimiento estipulado, previamente a la orden judicial el Agente encargado de la investigación debe poseer la siguiente información, que, como verán no es poca: la identificación de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico y la situación geográfica de la terminal. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que esta información no debería ser revelada sin autorización judicial puesto que afectan a la intimidad personal. Paradojas de la vida, el mismo que partido que estaba en el Gobierno cuando se encargo el sistema ha denunciado su uso en varias ocasiones. Supongo que desde que está Rajoy en el poder las dudas se han disipado... la memoria y las conviciones de nuestros políticos son así de frágiles.



Si ya de por sí se presentan estas dudas en lo que se conoce públicamente ni que decir tiene que no sabemos que uso estarán haciendo de dicha herramienta los servicios secretos españoles con el CNI a la cabeza. Como ven el espionaje al ciudadano no es patrimonio exclusivo del "imperialismo americano", como nos quieren hacer creer, aunque quizá seamos nosotros los que prefiramos creer que esas prácticas son propias de los regímenes totalitarios para así sentirnos mejor sin pensar que el Gran Hermano también vive en España.